Según diversos medios que temos consultado o empresario de A Coruña, Luis Castro Valdivia poderia estar detras do asasinato dun dirixente comunal o pasado 1º de maio en Guatemala.
A policia ten detidos a dous gardas de seguridade, de nacionalidade española, da empresa Hidro Santa Cruz. S.A. que é subsidiaria da empresa coruñesa Hidralia Energia, con sede na Avda do Exercito, 10.
Estas empresas estan a expoliar os recursos acuferos de diversas localidades de Guatemala e para protexer suas inversións o goberno que preside Otto Perez ten declarado o Estado de Sitio na zona deixando baixo control militar o municipio de Barillas (departamento de Huehuetenango).
Castro Valdivia salto aos medios polas denuncias de trafico de influencias có seu cuñado Ramón Ordaz de aquela Director Xeral de Industria.
A pesares do rotundo desmentido por parte da empresa* a sua credibilidade resulta escasa nun escenario do que forma parte os asasinatos dos dirixentes sindicais e comunais enfrontados as tropelias das multinacionais.
A gravedad destes feitos precisa dunha investigación clara dos mesmos e da actuación do que fora socio, testaferro, do ex-Alcalde Paco Vazquez e sua familia e mais do coñecido Presidente da patronal CEG, Antonio Fontenla, no reparto de concesions de parques éolicos polo goberno de Fraga Iribarne.
É noxento que na nosa cidade autenticos gansters campen a suas anchas e presenten a sua laboura criminal como de emprendedores ecoloxicos ou creadores de enerxias limpas.
*Fonte ARGENPRESS.info
Hidro Santa Cruz S.A. filial de la española Hidralia Energía que tiene operaciones en Guatemala, advirtió en un reciente comunicado que “ejercitará todas las acciones legales que resulten oportunas, incluyendo las penales, contra quien difunda injurias y calumnias contra esta empresa propagando informaciones falsas”, después de que las autoridades capturaran a dos supuestos empleados, señalados del asesinato de un campesino en Barillas, Huehuetenango.El comunicado fue publicado el 26 de mayo de 2012, donde señala que respeta el actuar de las autoridades policiales y judiciales, quienes anunciaron la captura de dos personas que podrían haber participado en el asesinato del campesino Andrés Pablo Miguel, en Barillas Huehuetenango, lo que generó disturbios en la localidad y un Estado de Sitio desde el pasado 1 de mayo.
De acuerdo con las primeras pesquisas del Ministerio Público, los dos detenidos, Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz, laboraban para la empresa, sin embargo Hidro Santa Cruz desmintió que las personas detenidas sean sus empleados y señaló que continuará colaborando con las autoridades “en todo aquello que resulte menester”.
Respecto al comunicado, el columnista y analista de medios Gustavo Berganza se preguntó, en un artículo publicado en elPeriódico si la empresa también emprenderá acciones en contra de los periodistas y medios de comunicación que cubrieron la información, tal como lo afirma en la nota de prensa.
La forma en que el abogado Fernando Rodríguez, de Hidro Santa Cruz, decide afrontar la crisis no tiene nada que envidiar a como British Petroleum (BP) asumió el derrame de petróleo en el Golfo de México, señaló Berganza, quien considera que la empresa tendrá más dificultades por tales decisiones.
La captura de los presuntos agresores y su relación laboral con la empresa fue divulgada por el fiscal en funciones Jorge Molina y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y difundida en la mayoría de medios informativos del país.
*Fonte: Paz con dignidad. ONG
Viernes, 04 de mayo de 2012 15:35 Cooperación - Cooperación en Guatemala
Los asesinatos, la remilitarización y la criminalización de los movimientos
campesinos, indígenas y populares se presentan como las tónicas en Guatemala
durante los próximos cuatro años. El miércoles 2 de mayo el Presidente de
Guatemala, Otto Pérez Molina, ratificó el estado de sitio en la población
indígena de Santa Cruz de Barillas (Huehuetenango), tras los hechos violentos
que se sucedieron el día anterior y que se saldaron con la muerte del líder
comunitario Andrés Francisco Miguel, con los líderes Pablo Antonio Pablo y
Esteban Bernabé gravemente heridos, y con la captura de 9 personas.
La situación que se vive en Barillas debe analizarse bajo el contexto de la oposición que los y las lideresas indígenas están llevando a cabo ante la implementación del proyecto hidroeléctrico ‘Canbalan I’, que la empresa HIDRO SANTA CRUZ S.A. –filial gestionada y participada por la empresa española HIDRALIA ENERGÍA- está llevando a cabo en el municipio. Las personas heridas relataron que los agresores conducían vehículos similares a los de la empresa HIDRO SANTA CRUZ S.A, lo que indica que los hechos fueron promovidos por personas vinculadas a la empresa, una acción que se suma a las acciones de intimidación -que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses, con el aval del gobierno-como la persecución legal, cooptación de líderes, mensajes telefónicos con amenazas, etc.
Ante esta situación de injusticia -favorecida por los gobierno de turno y en la que no se ha dado cumplimiento al Derecho a la consulta previa, libre e informada los habitantes afectados-, los pobladores indignados reaccionaron de forma enardecida exigiendo justicia y provocando disturbios; los cuáles sirven de justificación para que el presidente y su gabinete, declaren estado de sitio en el municipio, limitando los derechos constitucionales de la población.
El mandatario explicó, en rueda de prensa en Casa Presidencial, que ya había firmado el acuerdo gubernativo por medio del cual se decretó la medida, que durará 30 días. Además instó a las autoridades a ejecutar al menos 21 órdenes de captura contra los supuestos responsables de haber originado los disturbios, calificándolos de "delincuentes" y advirtiendo que su gobierno "no permitirá provocaciones de ningún tipo". Todo ello se tradujo en el envió a Barillas de 450 policías y medio millar de soldados.
Esta no hace sino confirmar, la lógica de control y militarización que se presuponía por parte del nuevo gabinete guatemalteco, en el que sus miembros principales han estado vinculados de alguna u otro manera al ejército durante el periodo de la guerra. De nada ha servido la suscripción por parte del Estado del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y la misma Constitución de la República. Sí el Estado y las empresas actúan al margen de los derechos sociales de la población y provocan conflictividad social, actuando con absoluta impunidad a través de grupos paralelos de seguridad, que operan en la semiclandestinidad, reprimiendo y asesinando a la población sin que ninguno de los asesinos sea al momento capturado
La situación que se vive en Barillas debe analizarse bajo el contexto de la oposición que los y las lideresas indígenas están llevando a cabo ante la implementación del proyecto hidroeléctrico ‘Canbalan I’, que la empresa HIDRO SANTA CRUZ S.A. –filial gestionada y participada por la empresa española HIDRALIA ENERGÍA- está llevando a cabo en el municipio. Las personas heridas relataron que los agresores conducían vehículos similares a los de la empresa HIDRO SANTA CRUZ S.A, lo que indica que los hechos fueron promovidos por personas vinculadas a la empresa, una acción que se suma a las acciones de intimidación -que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses, con el aval del gobierno-como la persecución legal, cooptación de líderes, mensajes telefónicos con amenazas, etc.
Ante esta situación de injusticia -favorecida por los gobierno de turno y en la que no se ha dado cumplimiento al Derecho a la consulta previa, libre e informada los habitantes afectados-, los pobladores indignados reaccionaron de forma enardecida exigiendo justicia y provocando disturbios; los cuáles sirven de justificación para que el presidente y su gabinete, declaren estado de sitio en el municipio, limitando los derechos constitucionales de la población.
El mandatario explicó, en rueda de prensa en Casa Presidencial, que ya había firmado el acuerdo gubernativo por medio del cual se decretó la medida, que durará 30 días. Además instó a las autoridades a ejecutar al menos 21 órdenes de captura contra los supuestos responsables de haber originado los disturbios, calificándolos de "delincuentes" y advirtiendo que su gobierno "no permitirá provocaciones de ningún tipo". Todo ello se tradujo en el envió a Barillas de 450 policías y medio millar de soldados.
Esta no hace sino confirmar, la lógica de control y militarización que se presuponía por parte del nuevo gabinete guatemalteco, en el que sus miembros principales han estado vinculados de alguna u otro manera al ejército durante el periodo de la guerra. De nada ha servido la suscripción por parte del Estado del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y la misma Constitución de la República. Sí el Estado y las empresas actúan al margen de los derechos sociales de la población y provocan conflictividad social, actuando con absoluta impunidad a través de grupos paralelos de seguridad, que operan en la semiclandestinidad, reprimiendo y asesinando a la población sin que ninguno de los asesinos sea al momento capturado
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